DICTADURA
PERÍODO AUTORITARIO (1973-1984)
Para estudiar este
período utilizararemos la
periodificación que establece la existencia de tres etapas, no sólo de
la política del gobierno, sino de su relación con las respuestas que la
sociedad uruguaya planteó:
1. La “dictadura comisarial” (1973-1976)
2. El “ensayo fundacional” (1976-1980)
3. La “transición democrática” (1980-1985)
En la primera etapa
el gobierno dictatorial, prohibiendo la actividad política y sindical,
reduciendo a cero la libertad de prensa, persiguiendo, destituyendo de la
actividad pública, obligando al exilio o
apresando a los que consideraba enemigos del régimen. Al mismo tiempo se
emplearon medios publicitarios y de prensa para justificar las medidas
adoptadas. La dictadura se fue endureciendo aún más durante los años 75-76,
cuando se efectuarían supuestamente las elecciones. Por otra parte, en el
terreno de las relaciones exteriores este período se caracterizó por un
establecimiento de estrechas relaciones con otros regímenes dictatoriales de
América Latina, por ejemplo el de Chile. El año 76 mostró en primer lugar un
aumento de la represión, y en segundo lugar las crecientes diferencias entre
las Fuerzas Armadas y Bordaberry, que terminaron en el relevo de este último el
12 de junio, aplazando asimismo sin fecha las elecciones. Por otra parte, la
sociedad uruguaya se vio profundamente conmovida en mayo por el asesinato en
Buenos Aires de dos ex legisladores, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La segunda etapa se caracterizó por un intento de
consolidación institucional que ignoraba a la clase política -a la que acusaba
de relaciones con la subversión marxista- y proclamaba la necesidad de una
“renovación total”. Al mismo tiempo comenzaban los problemas con el gobierno
norteamericano y con organismos internacionales que reclamaban por el
avasallamiento de los derechos humanos en el país. Una de las fuentes de estos
reclamos se debió a la acción de políticos en el exilio como Wilson Ferreira
Aldunate. En 1980 el proyecto de reforma constitucional es plebiscitado,
acompañado de una gran campaña política a favor y la crítica a los opositores.
A pesar de las previsiones, el Sí (42% de los votos) fue derrotado por el No
(57,9% de los votos). Las organizaciones sociales, religiosas y sindicales -así
como la clase política en su gran mayoría- se habían movilizado en silencio,
sorprendiendo profundamente al gobierno militar.
La tercera etapa estuvo claramente impregnada por el
resultado de las urnas. La propuesta militar mostraba un gran desconocimiento
de la sociedad uruguaya. Y a pesar de algunos intentos últimos -como la
formación de “un partido del proceso”- se iba casi inevitablemente hacia la
democracia.
A partir de allí fue fácil percibir una reactivación de la
actividad política, sindical y estudiantil que eran imposibles de detener a
pesar de las prohibiciones. Al mismo tiempo las Fuerzas Armadas comenzaron a
manifestar de una manera más clara sus diferencias internas. Las elecciones
internas de los partidos políticos de 1982 fueron una manifestación más de
unidad política reactivada en la que nuevamente se pondría a prueba la adhesión
o el rechazo de la sociedad uruguaya al régimen imperante. Es necesario
recordar que continuaba la proscripción de los partidos de izquierda, a lo que
se agregó una campaña dedicada nuevamente a forzar la permanencia de una
situación que se deterioraba día a día. Hubo procesamientos y citaciones a
líderes políticos de los partidos tradicionales y clausura de órganos de prensa
que se consideraban opositores. Pero, nuevamente, la oposición a la dictadura
ganó la votación dentro de cada partido tradicional. A lo largo de los años 83
y 84 se produjo una serie de acontecimientos que demostraban claramente la
reactivación de la vida política y sindical y un apoyo creciente de la sociedad
uruguaya a una salida que permitiera recuperar la democracia perdida.
De cualquier manera, en ese período fueron cada vez más
frecuentes los contactos entre políticos y militares en la búsqueda de una
“salida pactada”. En ese marco se realizaron las elecciones de noviembre de
1984.
La verdadera transición democrática, según Gerardo Caetano
se inició con la asunción de las autoridades constitucionales electas en los
recortados comicios de 1984 (con personas y partidos proscriptos). La
democratización incluía temas como amnistía para los presos políticos,
investigación y despacho a la justicia
sobre la autoría y responsabilidades de las gravísimas violaciones a los
derechos humanos cometidas durante la dictadura, restitución o compensación a
los funcionarios públicos destituidos, regularización en el funcionamiento de
las instituciones.
[…]
se ha buscado clarificar la exposición mediante la utilización de un criterio
de periodificación que pudiera funcionar a la vez como eje orientador de todo
el trabajo. Es así que hemos seguido puntualmente la periodificación diseñada
por el politicólogo uruguayo Luis E. González, la que en su parte medular
plantea que los doce años del régimen autoritario reconocerían tres etapas
claramente distinguibles:
1)la
etapa de la “dictadura comisarial”, que se extendería entre 1973 y 1976; 2)una
segunda que dicho autor denomina del “ensayo fundacional”, que se prolongaría
hasta 1980;
3)y
finalmente la última, dominada por la “transición democrática” y que concluiría
“formalmente” —aunque no en muchos aspectos sustantivos— con la asunción de las
autoridades legítimas en 1985.
El
registro de estas tres etapas sucesivas permite a nuestro juicio una
aproximación valedera a lo que constituyó la trama y el itinerario
fundamentales del régimen militar, al tiempo que también refiere a la evolución
en las respuestas de la sociedad civil ante los desafíos supervinientes de los
cambios de contexto. A su vez, cada una de esas tres etapas se identifica con
“momentos” y “proyectos” especialmente significativos del período de la
dictadura.
Durante
el primer período de la llamada “dictadura comisarial”, lo políticamente
distintivo podría sintetizarse en esa perspectiva como la carencia de un
proyecto político propio del régimen, sumado a una intención manifiesta en la
tarea de “poner la casa en orden”, para reconstruir luego una vida política
“saneada”, más o menos democrática.
De
acuerdo siempre a la periodificación de González, en 1976 se opera un cambio
cualitativo del régimen autoritario inaugurado en 1973, abriéndose la etapa del
“ensayo fundacional”, en la que se busca
echar las bases del nuevo orden político a construir. Se enfatiza que en el
caso uruguayo (a diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos) la
dictadura nunca habría llegado a configurar un verdadero “proyecto
fundacional”, por lo que se prefiere hablar tan solo de “ensayo”.
En
esa misma dirección, el proyecto de reforma constitucional plebiscitado en 1980
habría configurado el modelo final del “orden político” ideado por el régimen.
Su rechazo, al tiempo de cerrar definitivamente el “ensayo fundacional”, abrió
el campo a la “transición” hacia la democracia.
En
realidad, “lo comisarial”, “lo fundacional” y “lo transicional”, además de referir
— como veremos— los énfasis de cada una de esas etapas señaladas, constituyeron
tendencias que de algún modo siempre coexistieron al interior del régimen. La
dictadura en este sentido osciló con frecuencia entre lo restaurador y lo
innovador, entre la “vuelta” a “lo viejo” y la “fundación” de “lo nuevo”, en un
juego pendular que muchas veces sustentó marchas y contramarchas en diversos
niveles de la política gubernamental.
Fragmentos de los textos de propaganda y del articulado del
proyecto constitucional de 1980
* DINARP: “La nueva Constitución. ¿Por qué? ¿Para qué?”
(XI/1980)
“Una
Constitución para nuestro tiempo.”
“
La presente Constitución, que se tacha de militarista, es, por el contrario, un
intento del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, de resolver por el Derecho lo
que en el pasado crítico hubo que defender por las armas. Es la adecuación de
las normas constitucionales a los problemas que debe enfrentar el Uruguay de
hoy. Es la forma de evitar que algún día las Fuerzas Armadas tengan que volver
a intervenir para resolver los graves problemas que genera el desgobierno; los
graves problemas que genera la actitud omisa de los responsables de conducir
los destinos del país.”
Sección
IV. De la forma de gobierno y sus diferentes poderes
Capítulo II
Artículo 78
Es
competencia directa de las Fuerzas Armadas la ejecución de las medidas
tendientes a la preservación de la seguridad nacional, así como su intervención
o representación en organismos o actividades que tengan relación con aspectos
concernientes a la seguridad o a la
soberanía nacionales.
La
seguridad nacional es el estado según el cual el patrimonio nacional en todas
sus formas y el proceso de de desarrollo
hacia los objetivos nacionales, se encuentran a cubierto de agresiones internas
o externas.
Artículo 79
Habrá
un Consejo de. Seguridad Nacional, el que actuará preceptivamente en lo
relativo a la seguridad nacional y cuya presidencia ejercerá el Presidente de
la República.
Sin
perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente el Consejo de Seguridad
Nacional estará integrado por miembros permanentes y por miembros eventuales,
según lo determinare la respectiva ley que requerirá la iniciativa privativa
del Poder Ejecutivo y la aprobación por los dos tercios de votos del total de
componentes de cada Cámara. Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
serán miembros permanentes del Consejo. El Jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas será Secretarlo del mismo.
El
Consejo de Seguridad Nacional será convocado por el Presidente de la República
o a solicitud de dos de sus miembros permanentes.
El
CO.SE.NA. no suplanta al poder político
EL
COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), fue creado por estas imperiosas razones
por el propio poder político, por el gobierno regular, elegido democráticamente
por el pueblo; no es un invento del proceso que siguió a la crisis
institucional. Y existe desde hace más de cincuenta años en otros países que
son auténticas democracias (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania
Federal, etc.) permitiendo una actuación gubernamental más armónica y más
eficiente. Si en el Uruguay no había aparecido con anterioridad, es porque no
había existido hasta entonces un peligro grande para la seguridad del país. La
institucionalización del Consejo de Seguridad Nacional que dispone la nueva
Constitución, no significa que suplante al Presidente, sino que lo auxilie
adecuadamente y en tiempo en el campo de su especialidad. Ello es así –pese a
interpretaciones capciosas dado que no todo problema es problema de seguridad.
Este surge solamente cuando se compromete la independencia o la soberanía del
país, el orden interno o el funcionamiento institucional. Si no, no hay problema
de seguridad. Cuando se piensa que todo va a ser considerado problema de
seguridad, se está pensando con un preconcepto injusto para con los hombres
encargados de la conducción militar, hombres que ostentan los más sanos e
intachables antecedentes morales.
Candidato
único ¿Por qué?
Con
esta Constitución, nuestro país sale de una profunda crisis institucional y
pretende entrar en la normalidad. Pero para ello es necesario un período de
transición. Un período de transición de gran responsabilidad, porque significa
poner en marcha un esquema nuevo de institucionalidad y significa sacar al país
de un período de ocho años de limitaciones al ejercicio de los derechos cívicos
y en general al ejercicio en plenitud de todos los derechos ciudadanos.
Por
ello se requiere un Presidente que merezca el respeto general de todos los
centros de poder que existen en nuestra sociedad. Porque para que ese
Presidente pueda actuar con eficacia tiene que tener el mayor respaldo popular
posible. Y en ese sentido, se piensa que un candidato único es la respuesta
adecuada al momento institucional que vivimos, como nos enseña la historia que
lo fue en otros momentos especiales de nuestro país, cuando acuerdos
patrióticos posibilitaron la elección de un candidato de unión nacional. De manera
que la fórmula no es nueva en el Uruguay y tiene una finalidad positiva,
llevándose a cabo por el acuerdo de las dos colectividades tradicionales de
nuestro país, que representan a la inmensa mayoría del cuerpo electoral.
Mis muchas razones
para el “NO” *Dr. Enrique Tarigo “Opinar”, 27.11.1980, pág.3
Cuando este ejemplar de
OPINAR llegue a las manos de los lectores estarán faltando apenas setenta y dos horas para que se abran
los comicios fijados para el domingo 30 de noviembre. Como la misión de OPINAR
es opinar, debo adelantar en setenta y dos horas algo así como una
contabilización o un balance que viene creciendo en mi espíritu desde hace no menos
de un mes y que, de no existir OPINAR bien podría haber postergado hasta la
vísperadel plebiscito.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
soy demócrata y esta Constitución que se nos propone es una Constitución
antidemocrática, porque ha sido proyectada, elaborada y aprobada sin la
participación de los representantes del pueblo soberano y porque contiene
soluciones concretas que implicarían, para el futuro, el desconocimiento de la
soberanía popular.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
soy liberal, es decir porque creo en la libertad como valor superior del hombre
civilizado, y aún sabiendo y admitiendo que la libertad no puede ser ni
irrestricta ni ilimitada y que la seguridad es el precio a pagar para gozar de
la libertad, no puedo aceptar este proyecto de Constitución que sustituye la libertad
por la seguridad, este proyecto para el que todo es “seguridad” y que todo lo sacrifica,
incluso la libertad, en aras de la “seguridad”.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
me siento consustanciado, desde
siempre, desde mi cuarto
abuelo don Santiago Vázquez; Constituyente de 1830 y Ministro
de Rivera, con uno de los
dos Partidos tradicionales del país, con el Partido Colorado, y este
proyecto constitucional
propicia la desintegración de los Partidos tradicionales, su
fragmentación, su
atomización, en la medida en que impide que coexistan dentro de cada
uno de los dos grandes
Partidos, corrientes, tendencias, alas o sectores, que siempre han
existido y que siempre
deberán existir en el seno de las grandes colectividades partidarias.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
soy profundamente batllista, con lo
que todo ello implica de
definición ideológica en materia política y en materia social, y este
proyecto de Constitución
quiere suprimir de una plumada al Batllismo y a todos y cada uno
de los sublemas de cada uno
de los dos grandes Partidos históricos.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
este proyecto, desmintiendo ciento
cincuenta años de tradición
civilista, propone la coparticipación en el Gobierno del poder
civil y del poder militar,
con predominio absoluto del poder militar sobre el poder civil.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
este proyecto menoscaba la función
del Parlamento, al que
reduce en grado sensible sus facultades de iniciativa legislativa y de
control sobre el Gobierno.
He de votar por “NO” el domingo venidero porque
este proyecto menoscaba la
independencia del Poder
Judicial al sujetar la designación de los jueces por parte de la Alta
Corte de Justicia al acuerdo
previo e imprescindible del Poder Ejecutivo.
Plebiscito:
opiniones sobre el resultado a) A. Méndez: “Es una
derrota para el pueblo”*“El Día”, 2.12.1980, pág. 12
–Sr. Presidente:
concretamente el resultado a favor del NO, ¿puede tomarse como una derrota del
gobierno?
–Yo estimo que no. La
palabra no es adecuada. Obligado a aplicarla en una contestación, diría que en
todo caso es una derrota para el pueblo. Y lo digo sin que ello importe una
crítica, porque respeto la voluntad popular y la acato. Sino porque entiendo
que al votarse en ese sentido, se van a dilatar una serie de soluciones, que en
el texto constitucional proyectado se resolvían expresamente y en términos que
disipaban toda duda. Ahora sin el SI tendremos que rever el problema y ya no
estamos en condiciones de adelantarle, por lo menos en este momento, cuál va a
ser la salida inmediata.
b) Enrique E. Tarigo: “30 de
Noviembre de 1980: Fecha para la historia”
“Opinar”, 4.12.1980,
pág. 24
Para la mejor historia de la
República, para la historia de los días fastos, fecha que permanecerá
imborrable a través de los años y en el recuerdo de generación tras generación.
El 30 de noviembre de 1980 –hace apenas cuatro días de ello y por eso no hemos
terminado de hacer conciencia al respecto– marcará, definitivamente, el día en
que el pueblo uruguayo, la gran mayoría del pueblo uruguayo dijo “NO” con una
enorme voz, con la enorme voz de novecientos mil de sus hijos, a un proyecto
constitucional que era una enorme aberración. [...]
Queremos aprovechar hasta la
última línea de este editorial que no pensamos poder escribir, para señalar y
para destacar la conducta magnífica del pueblo uruguayo, su abnegación, su
independencia de juicio, su libertad de criterio, su resistencia pasiva ante
una propaganda abusiva, mal ideada por malos vendedores de jabones que se creen
especialistas publicitarios y que el Gobierno de la República, cualesquiera
sean las diferencias que nos separan de él, y son muchísimas, jamás debió
permitir o aceptar que se difundiera en su nombre.
Porque el acto
plebiscitario, considerado en sí mismo, fue correcto y limpio, y así hay que
señalarlo.
c) J. Tagar: “El principio
del fin de las dictaduras en América Latina”*”EL PAÍS” -
Internacional - 01-12-2005 http://www.elpais.es/articulo/elpepiint/20051201elpepiint_16/Tes/principio/fin/dictaduras/Am%E9rica/Latina
El autor señala que hace 25
años comenzó en Uruguay el declive de los regímenes militares que dominaban la
región. JOAQUÍN TAGAR*
Ayer se cumplieron 25 años
de una fecha que muy pocos recuerdan, pero que fue el principio del declive de
los Gobiernos de hecho, las dictaduras militares, en América Latina. El 30 de
noviembre de 1980, los militares uruguayos perdieron el referéndum
constitucional con el que intentaban institucionalizar el régimen inaugurado en
1973, cuando el presidente Juan María Bordaberry se plegó a los deseos de los
militares disolviendo el Congreso. Era la primera vez que los militares perdían
una consulta popular en el continente y abrió el camino a otras.
Viví ese acontecimiento en
la capital uruguaya y recuerdo que cuando envié las primeras crónicas hablando
de la posibilidad de que los militares perdiesen el referéndum, alguien desde
la redacción me preguntó si no estaba confundiendo mis deseos con la realidad.
Los días previos había una extraña sensación de euforia contenida en la calle.
Era la primera vez, en siete años, que la política se había adueñado de las
calles y los partidarios del no – los dirigentes partidarios que no
vivían en el exilio, fuerzas sindicales y cívicas y algún periódico– conseguían
trasladar a los ciudadanos sus argumentos. Sucedió algo muy extraño entonces,
hubo más alegría contenida en los días inmediatamente anteriores al plebiscito
que en los posteriores. La gente se sentía feliz de volver a participar en
política; sin embargo, una vez celebrada la consulta, el régimen militar volvió
a cerrar la mano y, junto al desconcierto de las Fuerzas Armadas –hasta el 2 de
diciembre, ningún portavoz hizo una valoración del resultado– y la prohibición
de manifestaciones para celebrarlo, dictada esa
misma noche, hizo que la satisfacción se reflejase en los rostros de los
ciudadanos, que al día siguiente, una espléndida jornada de primavera, volvían
más sonrientes a su actividad cotidiana.
¿Por qué fue posible aquel
resultado? El vicealmirante Hugo Márquez, comandante en jefe de la Armada, hizo
una declaración a la prensa en la que empezaba diciendo: “Como uruguayo y como demócrata acepto el resultado
del plebiscito constitucional”; lo primero era cierto, lo segundo era muy
dudoso. El golpe de los militares siete años antes se olvidó de neutralizar una
institución vital en toda democracia, el aparato electoral. Durante los años de
la dictadura, la junta electoral siguió funcionando con toda normalidad,
actualizándose y manteniendo viva la institución en todo el país, y eso hizo
imposible cualquier intento de manipulación de voto en un plebiscito como el
que convocaron los militares uruguayos. Momentos antes de cerrarse las urnas se
dieron cuenta de que su suerte estaba echada, y el general Núñez, ministro del
Interior, dirigió un mensaje a la nación en el que manifestaba
que no les preocupaba el
resultado porque no tenían apetito de poder, se refería a las Fuerzas Armadas,
“son y se sienten pueblo y no casta”, añadió; era una forma de curarse en
salud. Hay que tener en cuenta que estábamos en un momento particularmente duro
en Latinoamérica: en Argentina, el general Viola estaba a punto de sustituir al
general Videla en la presidencia; en Chile, el general Pinochet acababa de
ganar, unos meses antes, un referéndum que aprobó una Constitución a su medida,
era la época de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para perseguir a
los políticos opositores, organizando atentados y macabras caravanas de la
muerte.
La excepción a las
dictaduras en Latinoamérica, en ese momento, eran México –que vivía una
transición al pluralismo que culminaría con la derrota del PRI, en las
elecciones del año 2000–, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Ecuador, donde el
presidente Roldós intentaba dar salida a un país recién abierto a la democracia.
En Estados Unidos, Ronald Reagan había ganado las elecciones e iba a producir
un cambio en la política hacia sus vecinos del sur que supondría un nuevo balón
de oxígeno para los Gobiernos fácticos del continente.
A partir de entonces se
inició un duro camino en Uruguay. Se abrió la negociación de los partidos y los
militares para buscar una salida que culminó en agosto de 1984, cuando los
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los representantes de los partidos
firmaron el “acuerdo del Club Naval”. El acuerdo ponía las bases de la vuelta a
la normalidad institucional, que culminó con las elecciones del 25 de noviembre
de ese mismo año en las que Julio María Sanguinetti fue elegido presidente.
Para entonces, ya los militares argentinos habían abandonado el poder después
del desastre de la aventura militar de las Malvinas, y Alfonsín trataba de
enderezar una crisis económica que acabaría con su presidencia antes de tiempo,
para no dejar de cumplir la negra tradición de los presidentes radicales: no
terminar su mandato
constitucional. Brasil recobró también en 1985 un Gobierno elegido, pero la
definitiva institucionalización de la democracia no se conseguiría hasta la
aprobación de la Constitución de 1988, actualmente vigente. En ese mismo año,
octubre de 1988, el general Augusto Pinochet –hoy procesado por varios delitos
de represión y evasión de impuestos– perdería un referéndum para prolongar su
mandato, tal como preveía la Constitución que los chilenos habían aprobado en
1980. En definitiva, a lo largo de la década de los ochenta, la mayoría de los
países de la
región fueron recobrando las
instituciones democráticas, y a eso contribuyó de manera eficaz la existencia
en España de un Gobierno que había establecido una nueva política de
cooperación y apoyo decidido a los procesos de democratización. El resultado se
plasmó en Guadalajara (México), en la celebración de la primera cumbre
iberoamericana, en la que sólo había un uniforme militar, el del comandante
Castro, presidente de Cuba. Hoy, la democracia en Latinoamérica tiene otros
problemas, pero no está en peligro ni amenazada por los militares. Es necesario
acercar las instituciones a los ciudadanos y hacer partícipes a todos de los servicios básicos, educación y
salud, que son los mejores instrumentos para repartir los ingresos generados en
estos años de crecimiento económico en la región, después de una década de
depresión que ha sembrado dudas entre los ciudadanos sobre la
bondad del sistema
democrático. *Joaquín
Tagar es periodista especializado en
Latinoamérica
La transición Las
elecciones internas de 1982
a) “Nuestro compromiso con
la Libertad”(Declaración de ACF, Movimientos “Por la Patria” y “Nacional de
Rocha”, noviembre de 1982)
“Ya no se trata —como hasta ayer— de
manifestar con calor de corazón, la adhesión al Partido de las preferencias
sentimentales o de los agradecimientos personales; Ya no se trata —como hasta
ayer— de sólo resolver cuál será el líder más votado entre los competidores
electorales o quiénes, de entre ellos, merecen una banca parlamentaria Ya no se
trata —como hasta ayer— de decidir simplemente qué fuerzas prevalecerán en el
próximo período de Gobierno ni de exigir a los candidatos sólo una práctica
honrada en Ministerios y Administraciones. Hoy, cada uruguayo debe resolver si
desea o no reanimar la vida nacional sin sacrificar ni vender sus razones
encarnados en la tradición nativa…”
b) Dr. Enrique Tarigo:
“Nuestro Programa de Principios”*“Opinar”, 2.9.1982, pág. 3
La Ley Orgánica de los
Partidos Políticos exige, entre tantos otros requisitos, que cada agrupación
política perteneciente a uno u otros de los tres Partidos que habrán de
participar en las elecciones internas del 28 de noviembre de 1982, presentaran
ante las autoridades electorales de su departamento, el “Programa de Principios
que la agrupación se propone desarrollar”. En cumplimiento de tal exigencia
legal, el viernes de la semana anterior, al registrar la lista que tenemos el
honor de encabezar dentro del Partido Colorado y del sublema Batllismo, caracterizada
por el distintivo de “Libertad y Cambio” entregamos el documento que contiene
el programa de nuestra agrupación y que publicamos íntegro en nuestra edición
de hoy. No pretendemos, todo lo contrario, que el lector sustituya su lectura
–aunque el documento pueda resultar un poco extenso– por el comentario que de
él habremos de hacer en este editorial pero tampoco queremos dejar pasar sin
comentario el Programa de esta agrupación electoral: De esta agrupación que,
bueno será repetirlo una vez más, no pretende erigirse en un nuevo sector
político dentro del Batllismo tal como ellos existieran en otras épocas, sino
que aspira únicamente, a través de su representación en la Convención del
Partido, que deseamos sea amplia y fuerte, bregar por la consolidación de la
unidad del Batllismo y del Partido Colorado todo, alrededor de un Programa de
Acción que haga honor al Partido de Batlle y que significa, sin vanidad pero
sin renunciamiento a las responsabilidades de nuestro tiempo, poner nuestro
pie, el de todo su Partido, delante de la última huella del Maestro…….
Como todo resumen, el que
antecede es incompleto y sólo lo ampara la atenuante de que el lector podrá
complementarlo con la lectura de su texto en otras páginas de esta edición.
Pero más que el resumen lo que interesa es la filosofía inspiradora de ese
Programa de Principios, filosofía inspiradora que permanecerá invariable, que
será la misma cualesquiera sean los puntos concretos que, en cada caso, deban
considerarse y debatirse en el seno de la Convención del Partido. Hemos
sostenido más de una vez a lo largo de estos últimos tiempos, que concebimos al
Batllismo de hoy, con lo fue en los tiempos de su Fundador, como una expresión
de lo que en el mundo se conoce por la socialdemocracia y en este sentido hacemos
nuestra —y este Programa de Principios la traduce adecuadamente a nuestro
juicio— la fórmula social demócrata de tanta libertad como sea necesaria y
tanta planificación como resulte posible. Afirmamos profundamente la necesidad
de la libertad, porque sin libertad y sin libertades no habrá jamás, aunque se
lo pretenda, dignidad humana; pero, paralelamente, consideramos que un sistema
de gobierno que se agote en la consagración de la libertad y que no pueda dar
seguridad de vida a millones de hombres no tiene derecho a considerarse
instituido para la defensa de la libertad y el desarrollo de los individuos.
1983: Movilización
social y negociación
Todos al 1º de mayo.
Compañeros:
Después de diez años de
estar impedidos, por razones ajenas a nuestra voluntad, de conmemorar nuestro
día, hemos ganado nuevamente la calle este 1º de mayo. Todos juntos debemos
desbordar la explanada del Palacio Legislativo en este reencuentro de los
trabajadores y el pueblo. Diez años de restricción de nuestras libertades y de
obligado silencio, no han logrado acallar las voces de los trabajadores ni el
apego de estos por sus organizaciones sindicales. No es casualidad que al
impulso de estas, hoy nos propongamos efectuar una demostración multitudinaria.
En un marco de crisis en
nuestro país, con nuestros salarios disminuidos a un grado que no permite ya ni
una mera subsistencia, en un momento en que la desocupación se ha transformado
en el gran flagelo de nuestros hogares y que la inseguridad social se ha
impuesto en todos los planos, los trabajadores diremos nuestras verdades.
Diremos nuestra opinión sobre lo que nos ha pasado a lo largo de estos años,
sobre el momento actual y fundamentalmente plantearemos nuestra alternativa a
la crisis, alternativa que a no dudar pasa por la libertad, por el trabajo, y
por un salario decoroso. Todos juntos el 1º de mayo a enarbolar las banderas de
lucha que siempre han cobijado a toda la clase obrera uruguaya.
Libertad Trabajo Salario
Amnistía Plenario Intersindical de
Trabajadores
PLATAFORMA DEL 1º DE MAYO
* LIBERTAD Y PLENA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN
* LIBRE AGREMIACIÓN DE EMPLEADOS PUBLICOS Y
ESTUDIANTES
* RESTITUCIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS
* PLENO EMPLEO Y 8 HORAS DE TRABAJO
* ABARATAMIENTO DE LA CANASTA FAMILIAR
* INMEDIATO AUMENTO DE SALARIOS Y JUBILACIONES
PLAN DE VIVIENDAS AL ALCANCE DEL TRABAJADOR Y
REVITALIZACIÓN DE LAS
COOPERATIVAS DE AYUDA MUTUA
* ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO A LOS SUELDOS
* DEROGACIÓN DEL TOPE DE 60 AÑOS PARA JUBILARSE
* EDUCACIÓN NACIONAL Y POPULAR -–AUTONOMÍA Y
COGOBIERNO DE LA
ENSEÑANZA- NO AL EXAMEN DE INGRESO
* APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
* PLAN NACIONAL DE SALUD QUE AMPARE AL TRABAJADOR
Y SU FAMILIA
* BOLETO SUBSIDIADO AL ALCANCE DE LOS
TRABAJADORES
Plenario Intersindical de
Trabajadores
Proclama leída junto al
Obelisco por Alberto Candeau (27 de noviembre de 1983)
*“Correo de los
viernes”, 2/XII/1983, págs. 12-13
Ciudadanos:
Los Partidos Políticos
uruguayos, todos los Partidos Políticos, sin exclusión alguna, han convocado
hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes
y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al
sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al
pie del Obelisco a los Constituyentes de 1830, autores del primer código
fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra
voluntad de constituirnos en nación libre y soberana y consagramos la norma
sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar a los representantes
de la ciudadanía mediante su voto libérrimo, en un día como el de hoy, el
postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo
de libertad y democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la
conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias, porque
el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común
denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Y el pueblo
ha dicho presente. Lo testimonia esta multitud inmensa, y pacífica, jubilosa y
esperanzada. Ha dicho presente porque este es un pueblo que conoce sus
derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Porque es un pueblo con madurez
y cultura cívica. Porque es capaz de dar al mundo ejemplos únicos y magníficos
de altivez, coraje e independencia, como el de aquel ya histórico 30 de
noviembre de 1980 cuando dijo NO a la imposición de los detentadores del poder.
Prometeo fue grande porque supo decir que no a los dioses. Y el pueblo uruguayo
es grande porque supo decir que no a los dioses con pies de barro.
A quienes, asentados en la fuerza,
pretendieron legitimar la usurpación de nuestros derechos
sagrados en un proyecto de
Constitución que desconocía toda la tradición democrática y republicana de la
Patria. Ese mismo pueblo que dijo NO tres años ha, dijo luego SI un año atrás,
en otra jornada cívica inolvidable. Si a los Partidos silenciados durante una
década y a los políticos injuriados, perseguidos, encarcelados y exiliados, que
demostraron que, como al fundador de nuestra nacionalidad, un lance funesto
podrá arrancarles la vida pero no envilecerlos. Ese glorioso 28 de noviembre de
1982, ustedes queridos compatriotas, les dijeron que sí porque los reconocen
como intérpretes, fieles de su voluntad y porque no ignoran que ellos saben, al
igual que Artigas, que su “autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra
presencia soberana” y que su primer deberes poder deciros, un día ya no lejano,
que “vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos” y “ved ahí todo el
fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio de mi afán”.
El país se apresta, cuando se cumplan las condiciones mínimas que todos los
Partidos reclaman y que se precisaron en la declaración conjunta de los
partidos tradicionales, del pasado 8 de octubre, a iniciar nuevas
conversaciones con las Fuerzas Armadas, destinadas a regular el tránsito de la actual situación de
facto al gobierno de derecho a instalarse el 1° de marzo de 1985.
Los partidos políticos
ratifican así su fe en el diálogo como el mejor método para restaurar las
instituciones democráticas en la República. Y reiteran, asimismo, que ese
diálogo político estará enmarcado, de su parte y al igual que en oportunidad
anterior, por la defensa irrenunciable de los principios liberales y
democráticos que configuran la esencia de la Constitución uruguaya desde la de
1830 hasta la de 1967, la cuál, además,ninguno de ellos considera necesario
reformar en las actuales circunstancias. Ciudadanos: no hemos comparecido hoy aquí
en nuestra condición de militantes de determinada colectividad política,
autorizada o excluida, que no la negamos y que ostentamos con legítimo orgullo,
cada uno según sus honradas convicciones. Hemos venido en nuestra común calidad de uruguayos y de patriotas,
herederos de un legado de libertad, de paz, de justicia, de respeto y
tolerancia por todas las ideas, de devoción por la legalidad y de repudio a
todas las expresiones de la fuerza y la violencia. Dirigentes, afiliados y
simpatizantes de todos los Partidos Políticos, de los ya rehabilitados y de los
que aún no lo han sido pero que habrán de serlo, desde qué no se concibe la
democracia sin el pluralismo político irrestricto, hacemos pública nuestra
convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado, de aquí en
adelante, por el mantenimiento de la libertad y la democracia. No existe
discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el
destino libre y democrático de la República.
El gobierno de facto al que
la República fuera sometida hace más de diez años, se halla hoy agotado y
agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento
artificial, incrustado por la fuerza en la vida colectiva. Su aislamiento en el
seno de la sociedad uruguaya es total, como lo es también su aislamiento
internacional ante el conjunto de las Naciones democráticas del mundo. Por ello
hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso
irrenunciable, tras una década de regresión y oscurantismo, de restituir a la
Nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad,
a los Partidos Políticos su papel insustituible, a los gobernantes la
respetabilidad que sólo emana de las urnas, a los gobernados su derecho a
elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su
tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho a ganar el pan con el sudor
de su frente.
Restituiremos así a la
Patria al sendero que nunca debió abandonar. Y volveremos a hacer de ella una
tierra de libertad. De libertad y también de orden. Pero orden emanado del
estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley, y no de la fuerza que
archiva la primera y escarnece la segunda. Orden querido por todos y garantido
por gobernantes electos por su pueblo, por los políticos, que hoy comparecen
aquí, rodeados de todos sus compatriotas, con la frente muy alta y la
conciencia tranquila. Con esta
conciencia tranquila es que exigimos la eliminación inmediata y definitiva de
todas las proscripciones que aún penden sobre los ciudadanos y Partidos,
sabedores de que la democracia es incompatible con estas arbitrarias
exclusiones de la vida cívica y de que únicamente la soberanía popular,
manifestada en las urnas, puede disponer la postergación de quienes se postulan
ante ella para el desempeño de los cargos de gobierno. La victoria está próxima
y es segura. Victoria que nos dará una vez más una Justicia única e
independiente, cuyos magistrados no jurarán respeto sino a la Constitución de
la República; una prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por
decir su verdad; una enseñanza prestigiosa y una gran Universidad Autónoma; un
funcionamiento público inamovible y no más sometido al vejamen de su
clasificación en categorías A, B y C; un movimiento sindical que actuará con
entera libertad en defensa de sus legítimas aspiraciones de progreso y de
mejoramiento social; unas cárceles que sólo albergarán delincuentes y no dignos
ciudadanos víctimas de su integridad moral y de su altivez cívica; unas Fuerzas Armadas, en fin, dignificadas
por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la
Constitución y la integridad del territorio nacional, reintegradas a sus
cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nadie nunca les pidió y que el
gran pueblo uruguayo jamás necesitó. Victoria que nos dará, en suma, una Patria
en la que sólo estarán proscriptas la arbitrariedad y la injusticia, una Patria
sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores, y en la cual, por consiguiente,
se liberará de inmediato a todos los que fueron privados de su libertad por
causa de sus ideas y se repararán, en todo cuanto resulte posible, las
arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional
del Poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la inmensa dicha
del reencuentro fraterno y de los que no están presentes, de quienes aún
padecen injustamente la amargura de la prisión o del exilio. De aquí a un año
protagonizaremos otra jornada cívica que quedará inscripta, nos atrevemos a
vaticinarlo, entre los grandes fastos patrios.
El último domingo de
noviembre de 1984 un Partido y sus candidatos emergerán triunfantes de las
urnas. Pero no habrá derrotados, porque venciendo la democracia y consagrándose
el respeto a la voluntad popular, la victoria será de todos. Como será de todos
la responsabilidad de sacar adelante al país de la gravísima crisis en que lo
ha sumido esta década de intolerancia, de soberbia y de ceguera, y de
contribuir a la estabilidad del gobierno que el primero de marzo de 1985 asumirá
la ímproba tarea de conducir la nave del Estado en circunstancias tan adversas
como quizás no las haya conocido el país en toda su Historia. Ese compromiso
también lo asumen pública y solemnemente todos los Partidos Políticos, porque
es imperativo irrenunciable del patriotismo que el próximo gobierno sea
nacional, más allá de la filiación de los hombres que lo asuman, nacional en su
espíritu, en sus miras y en el consenso que necesariamente ha de rodearlo, como
es nacional toda esta inmensa conjunción de todos los sectores políticos y
sociales, necesarios protagonistas del rescate del país. Ciudadanos: hoy nos
hemos congregado al pie de este querido obelisco a los Constituyentes de 1830
porque es símbolo de una obra fundadora, realizada con la más alta idealidad y
por encima de todo partidismo. Y aquí hemos venido porque es con ese espíritu
superior que todos transitaremos por el camino que nos conducirá a la gran
victoria común que, una jornada esplendida como ésta, celebraremos dentro de un
año Por eso aquí no hemos venido a corear consignas sectoriales ni a levantar
emblemas partidarios, ni divisas tradicionales o no. Hemos entonado el himno
patrio, levantado la bandera nacional y hecho flamear sus colores inmortales.
¡COMPATRIOTAS!: proclamemos bien al to todos juntos, para que nuestro grito
rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que
ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó:
¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA LA
LIBERTAD! ¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA LA DEMOCRACIA!
20 años de democracia. Uruguay:
1985-2005: miradas múltiples*
*CAETANO, Gerardo .
“Introducción general. Marco histórico y cambio político en dos décadas de
democracia. De la transición democrática al gobierno de izquierda” en G.
Caetano (comp.). 20 años de democracia. Uruguay 1985-2005: miradas
múltiples. Taurus, Montevideo, 2005. Páginas 19 – 48.
La transición democrática (1985-1989)
En otro texto escrito en colaboración con
José Rilla4,
señalábamos como premisa conceptual que la transición democrática efectiva no
había tenido lugar durante el último tramo de la dictadura (1980-1985), que
caracterizábamos como dictadura
transicional. La verdadera
transición democrática se inició, a nuestro juicio, con la asunción de las
autoridades constitucionales electas en los recortados comicios de 1984 (con
personas y partidos proscriptos). Esta
faena, que incluía una amplia agenda de temas (amnistía para los presos
políticos, investigación y despacho a la justicia sobre la autoría y esponsabilidades de las gravísimas
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, restitución
o compensación a los funcionarios públicos destituidos, regularización en el
funcionamiento de las instituciones dentro de
un Estado de derecho pleno, etcétera), terminó siendo sin duda la principal
tarea que debió enfrentar el primer gobierno democrático posdictatorial,
Dejando rápidamente atrás lo acordado en la
Concertación Nacional Programática (CONAPRO) por los partidos y los principales
actores sociales, el nuevo gobierno liderado por el presidente Sanguinetti
estableció lo que dio en llamarse un gobierno de entonación nacional, con el establecimiento de un acuerdo limitado
(pero operativo) con el Partido Nacional, liderado entonces por Wilson Ferreira
Aldunate. Este se concretó a través de la presencia de figuras de extracción
blanca en el gabinete y en otros cargos públicos de relevancia, a título
personal pero con respaldo partidario (entre ellos nada menos que Enrique
Iglesias al frente de la Cancillería en un período decisivo, y una
coparticipación
efectiva en directorios de empresas públicas
y entes autónomos), y con una pauta activa de gobernabilidad en el Parlamento,
anunciada y luego aplicada por el Partido Nacional bajo liderazgo wilsonista.
Como práctica innovadora, que lamentablemente
luego no se continuó, se adjudicaron también seis cargos de dirección en el
Estado al Frente Amplio, lo que, si bien no configuraba un acuerdo de gobierno,
traducía una vocación de reconocimiento eincorporación de la izquierda a un
esquema de mayor presencia en la fiscalización de las tareas gubernamentales.
Se trataba, en suma, de un gobierno
de partido minoritario que contaba
sin embargo con un esquema de gobernabilidad amplio garantizado por el Partido
Nacional (en especial verificado en el Parlamento y durante el período
1985-1987), lo que no obstó a menudo a arduas negociaciones de los asuntos caso
a caso. Existió también durante este período el instrumento de las llamadas reuniones de cúpula (entre los principales dirigentes de todos
los partidos con representación parlamentaria).
Como dijimos, la faena principal del primer gobierno
de la posdictadura fue consolidar la pendiente transición democrática que
habían dejado notoriamente inconclusa los militares, lo que finalmente se
realizó de modo polémico y en el marco de fuertes controversias, en particular
con la sanción parlamentaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado, votada en el Parlamento en diciembre de 1986. Esta norma fue objeto
de severas acusaciones, como veremos, por la oposición de izquierda y sectores
blancos y colorados que, juzgándola como una ley de impunidad, apoyaron a las organizaciones de derechos
humanos y en especial a la de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a
los efectos de completar los requisitos legales para someter la ley aprobada al
recurso de referéndum popular. Luego de un muy convulsionado proceso de junta
de firmas, el referéndum se concretó finalmente en abril de 1989 y dio la
victoria a quienes abogaban por la ratificación de la ley: un 55,44% del
llamado voto amarillo contra el 42,42% del voto verde Merece destacarse que la ley le entregaba la
llave de toda posibilidad de investigación y búsqueda al Poder Ejecutivo, el
que además debía decidir qué casos se investigarían y quiénes los llevarían
adelante.
En la propia implementación de lo dispuesto
por la norma aprobada, el entonces presidente Julio María Sanguinetti ratificó
su convicción de que la Ley de Caducidad debía significar un “punto final” y
que por ello no era conveniente dar ningún paso “riesgoso” en el sentido de la
investigación a fondo de lo sucedido, ni aun en la búsqueda de soluciones a
temas traumáticos como el de los niños desaparecidos. En ese marco, se le
encomendó al Consejo del Niño la tarea de investigar el destino de estos
últimos (lo que desbordaba por completo las posibilidades y recursos de
ese organismo) y la investigación sobre
la situación de los detenidos desaparecidos se confió nada menos que a un
fiscal militar. La voluntad política de concluir todo debate sobre el punto,
para muchos desbordando incluso los límites y alcances de lo dispuesto en la
propia Ley de Caducidad, quedaba por demás de manifiesto. Ante
esta situación irregular, los familiares de los detenidos desaparecidos se
negaron a comparecer ante el fiscal militar designado. Como denunció la
organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, “se llegó a la
absurda contradicción de que, aun en los casos que el Poder Ejecutivo declaró
comprendidos en la ley (que solo ampara a militares y policías) [...] el fiscal
dictaminó que no existían pruebas de la participación de unos y otros”, con el
resultado más que previsible del archivo de los expedientes. Incluso hasta en
el caso de las denuncias de “las desapariciones producidas antes del período de
facto y por tanto no comprendidas en la ley”, los jueces competentes se negaron
a actuar y derivaron los expedientes al Poder Ejecutivo para que este
determinara si tales hechos no estaban amparados en la caducidad, con el resultado por todos esperado8.
Como se demostraría con el tiempo, la “solución” ante semejante temática no
resultaba ni buena ni consistente, y las cuentas pendientes de los sucesos de
la dictadura permanecerían vigentes — durante años en forma soterrada pero no
menos efectiva— en la agenda política del país, para reaparecer con vigor años
después.
Con sus cuentas pendientes, pero también con
la legitimidad del pronunciamiento popular favorable en el referéndum de abril
de 1989 y con el beneficio de mejores desempeños y logros en otras áreas
(restitución de miles de funcionarios públicos, reconstrucción general de un
clima de libertades, por ejemplo), la mayoría de blancos y colorados — aunque con
disidencias internas, en especial entre los primeros— dio por concluidos los
temas de la transición, y el gobierno consolidó sus esfuerzos en procura de un
proceso de reordenamiento y normalización
general y en favor de una
administración de la crisis económica y social dejada como herencia por la
dictadura. De todos modos, se consiguió avanzar en la recuperación de algunos
equilibrios macroeconómicos (aunque dejando para el futuro gobierno un elevado
déficit fiscal), creció el PBI, se logró un aumento efectivo en el salario
real, se impulsó el retorno de la negociación colectiva tripartita al ámbito
privado, descendió levemente y con altibajos la inflación, se obtuvieron
mejorías importantes en los indicadores sociales más relevantes, se promovió el
incremento de las inversiones en distintas áreas La agenda que predominó en las
elecciones de 1989, que dieron finalmente el triunfo al Partido Nacional, así
como el inmovilismo y el silencio que prevalecieron (con excepciones) hasta
1996 en torno al tema de las cuentas pendientes de la dictadura en materia de
derechos humanos, parecieron confirmar por entonces la apuesta y el deseo de
los líderes de ambos partidos tradicionales y de las Fuerzas Armadas de volver
invisible y silencioso el tema. La historia por venir, sin embargo, depararía
sorpresas al respecto y probaría con claridad que el tema no estaba zanjado.
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